HOMENAJE A LAS FAMILIAS DE LOS MILITARES ESPAÑOLES QUE MURIERON EN LA TRAGEDIA DEL YAK-42. UNAS FAMILIAS QUE HAN DEMOSTRADO UNA VALENTÍA Y AMOR ADMIRABLE HACIA LOS SUYOS LUCHANDO CON PERSEVERANCIA CONTRA UN PODER CORRUPTO, QUE HA DEMOSTRADO EL MAYOR DE LOS DESPRECIOS HACIA LOS DIFUNTOS Y QUE EN CONTRA DE DERECHO PRETENDE LA IMPUNIDAD.

SI TODAS LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS FUESEN ASÍ DE DIGNAS, ESPAÑA SERÍA MUY DISTINTA.

EN ESTE BLOG SE VAN A INCORPORAR VIDEOS Y NOTICIAS SOBRE LA LUCHA DE ESTAS FAMILIAS CONTRA LA INJUSTICIA Y POR LA VERDAD. UNA LUCHA EN LA QUE HAN ESTADO MUY SOLOS ANTE LA INDIFERENCIA DE UNA SOCIEDAD PASIVA ANTE LA CORRUPCIÓN. SE TRATA DE LA LUCHA DE DECENAS DE FAMILIAS QUE ESTANDO UNIDAS NO HAN CONSEGUIDO AÚN, DESPUÉS DE MÁS DE 6 AÑOS, PROCESAR AL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA TRAGEDIA: EL CONOCIDO MIEMBRO DEL OPUS DEI FEDERICO TRILLO.


ADEMÁS DE UN HOMENAJE ES UN AGRADECIMIENTO, PORQUE CON SU VALENTÍA DAN UNA ESPERANZA A MUCHOS ESPAÑOLES TAMBIÉN INDEFENSOS ANTE TANTA CORRUPCIÓN Y SINVEGÜENZAS EN EL PODER.
En mayo de 2003, 62 militares españoles murieron al desplomarse el avión en que regresaban de Afganistán. Los cadáveres fueron entregados a sus parientes mal identificados. Años después de la tragedia, los familiares y algunos grupos políticos exigen que se depuren responsabilidades políticas y apuntan directamente al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

Desprecios, mentiras, y vejaciones de Trillo a las familias de las víctimas del Yak 42

IRREGULARIDADES Meses antes del siniestro llegaron a España noticias, sobre el pésimo estado de los aviones ex soviéticos y alquilados para el transporte de tropas. Por vía legislativa una diputada del PSOE preguntó dos meses antes de la catástrofe, sobre los vuelos en «aviones cuyas condiciones no parece que sean las más óptimas».Los propios fallecidos expresaron a sus familias y amigos, su preocupación y temor a viajar en ellos, José Antonio Fernández le dijo el mismo día del embarque a su mujer "reza por mí que este avión es una mierda", José Manuel Ripollés relató en un correo electrónico a un amigo, cuatro días antes del accidente: "son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones limite,... la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia", Vicente Agulló dijo a su padre "quieren que volemos en una tartana" Hubo además catorce quejas, realizadas por militares españoles desplegados en Afganistán, previas al siniestro que advertían en escalofriantes relatos de la pesadilla del viaje en los Yakovlev-42. Estos informes no sirvieron, para que las autoridades españoles realizasen ninguna revisión, sin embargo Noruega canceló el contrato con el Yak-42 siniestrado, tras una sola queja de un militar que decía: "salía aceite de los motores, pasamos mucho miedo..., no dábamos crédito a lo que vimos, había paneles sueltos, cables pelados..." aseguró pasar más miedo en el viaje en el mismo Yak (que posteriormente se estrellaría) que desactivando minas en Kabul.

HISTORIA DEL PROCESO PENAL

El 31 de octubre de 2003 se presenta la primera denuncia en la Audiencia Nacional, por la vía penal en nombre de la Asociación de Víctimas del Yak-42, para que el juzgado esclareciese las causas del siniestro, mediante la investigación de diversas irregularidades, y que se aclare si la Administración cometió un delito de omisión con resultado de muerte, contemplado en el artículo 11 del Código penal, la denuncia no iba contra personas concretas sino que debía ser la investigación, quien determinará responsabilidades, por eso se pedía que declarasen los responsables del Ministerio de Defensa. El 13 de noviembre de 2003 la juez Teresa Palacios del Juzgado Central número 3 rechazó la competencia para investigar la denuncia, asegurando que “las irregularidades atribuidas a Defensa tuvieron lugar, en todo caso en territorio nacional” por lo que la investigación correspondería a otros órganos judiciales, y por ende era ajena de la investigación su sede judicial. Los abogados de las familias Gay-Vendrell, recurrieron la decisión y espetaron indefensión por parte de la juez al no señalar que tribunal es competente a investigar el caso, como dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 5 de marzo de 2004, las familias se querellaron en segunda ocasión contra los generales que realizaron las identificaciones, por prevaricaciónn y falsedad documental, su principal prueba es el “Protocolo de Examen de Cadáveres, Autopsia e identificación”, que redactaron los turcos, y firmaron estos generales, donde se decía que tres horas antes de la repatriación treinta cadáveres estaban sin identificar. Se les acusa de ocultar que treinta de los sesenta y dos militares, llegaron a España sin identificar, Trillo calificó esta denuncia de “una gran injusticia” y mostró su apoyo a los dos generales denunciados Navarro y Beltrán.

1/5 Reportaje: La infame mentira del yak-42

El 31 de marzo de 2004, Palacios acabó rechazando la denuncia, usó los mismos argumentos que en ocasiones anteriores, y aduce que no firmaron documentos en el extranjero, los generales, sobre la identificación de los españoles. Los abogados de la asociación, Gay-Vendrell recurrieron el rechazo, que se unió al recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la vista para revisar los archivos fue el 12 de julio de 2004, el fiscal de la Sala, Pedro Rubira, defendió la competencia para investigar el accidente del avión Yak-42, en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Finalmente, el 15 de julio de 2004, la Audiencia Nacional se declara competente para investigar las posibles responsabilidades penales, en la contratación del vuelo así como en las identificaciones, en el auto de once páginas, se asegura que si se hubieran desarrollado labores de control e inspección del vuelo quizás se hubiera evitado la muerte de los 62 españoles, por eso pide investigar a la juez Palacios, “el inexplicable plan de vuelo, los defectos de funcionamiento de determinadas prestaciones esenciales del Yak, como la caja negra, transporte conjunto de personal y carga sin mecanismos de aseguramiento, el transporte de armas y explosivos en el vuelo” también asegura que hay que investigar el irregular funcionamiento de la Comisión que investiga el accidente, concluyen que las “presuntas responsabilidades derivaron de la ausencia o falta de seguimiento de la ejecución del contrato por parte de Defensa, que podría integrar el delito de comisión por omisión de los altos responsables denunciados de dicho Ministerio, como garantes”. Hasta el 20 de septiembre de 2004, no comenzaron las diligencias lo primero que hizo la jueza fue pedir varios documentos a Defensa y Turquía. El 15 de octubre de 2004, la juez dividió el proceso en dos sumarios, el desglose correspondió, a las diligencias sobre los responsables del accidente –ya existente- (366/2003), y sobre el falseamiento de identificaciones creó un nuevo sumario (295/2004). Pero no fue hasta el 11 de noviembre de 2004, a instancias del fiscal Burgos, la juez pidió, que se exhumaran los 30 militares mal identificados y que se les realicen las pruebas para comprobar su correcta identificación, reuniendo todos los cuerpos en el cementerio madrileño de la Almudena, citó como imputados al Teniente General José Antonio Beltrán Doña, al General Vicente Carlos Navarro Ruiz; y al Comandante José Ramón Ramírez García, y al Capitán Miguel Ángel Sáez García (solicitados como imputados por quince familias), en la causa de la identificación de los cuerpos, como receptores de ellos y firmantes de las autopsias, también se pide citar como testigo al Comandante Alberto Ruiz de los Paños, que participó como asesor de los tramites legales para la repatriación de los cuerpos. En la parte relativa a la contratación pide llamar como testigo al representante español en la Investigación Internacional turca, General de Brigada Francisco Sánchez Borrallo, y a los coordinadores del grupo de control al vuelo. También pide nueva documentación a Turquía y a Defensa la que falta o estaba incompleta. El 15 de noviembre de 2004 declararon los cuatro imputados:

Capitán Sáez: admitió que no se hicieron autopsias, sino meros partes oculares “mi tarea la pudo hacer cualquiera sin necesidad de ser medico”, dijo que acudieron sin misión concreta, como convidados de piedra y sin medios, ni siquiera con un traductor. Afirmó que la responsabilidad era del general Navarro, y reconoció también que sabían que Turquía recogió muestras de ADN de los fallecidos.
General Navarro: declaró durante cuatro horas, asumió ante la juez “íntegramente y de forma personal”, su responsabilidad en lo ocurrido con las identificaciones de los militares del Yak-42, excluyendo a Trillo y a sus subordinados. Admitió no haber realizado acto médico alguno, sólo “autopsias light”. Dijo que los turcos estaban ariscos y esquivos, en contra del informe que escribió para Trillo nada más volver de Turquía en el que hablaba de “total cooperación”. Dijo haber destruido, un año después del siniestro aéreo, las notas que usó para las identificaciones. Afirmó que no fue necesario hacer las pruebas de ADN (después que se comprobase que treinta cuerpos estaban totalmente calcinados, lo que imposibilitaba la identificación sino era por ADN). También admitió ver a los turcos tomar las muestras de ADN, sin embargo, negó su existencia a las familias durante más de un año. Admitió falsedad documental en documentos firmados por Sáez y Ramírez, imputados en la causa. Las autopsias que fecharon el 27 de mayo en Turquía, dijo que realmente se hicieron el 28 de mayo en España.
Comandante Ramírez: reconoció que no hicieron autopsias, apoyando la versión de su compañero Sáez, y que se limitaron a observar como se anotaba un número para cada cadáver.
Teniente General Beltrán: reconoció que los fallecidos llegaron a Madrid sin documentación alguna, y que al llegar le dijo a Trillo “que todo se había realizado sin novedad”, dijo también que por él “hubiera venido a España sin los militares sin identificar, por eso no exigí que lo estuviesen y desconozco el resto”.

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El 15 de noviembre de 2004 declaró el primer testigo, el comandante Alberto Ruiz de los Paños, quien reconoció que sabía que se repatriaron treinta cuerpos sin identificar y que avisó a sus superiores en Defensa. Él viajó a Turquía para colaborar en los trámites legales de repatriación de los cadáveres, reconoció que el traductor había explicado bien que les entregaban, tres horas antes de la repatriación, treinta cadáveres sin identificar. De los Paños dijo que nada más llegar a Madrid, horas antes de celebrarse el funeral de Estado en Torrejón, avisó de lo ocurrido a su jefe, el General Javier Juliani. El comandante también entregó ante la juez un fax manuscrito del cónsul español en Turquía, que hacía referencia a las excepcionales medidas que se tomaron para la repatriación, sin tener lista toda la documentación legal necesaria.

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El 16 de noviembre de 2004 declaró el primer testigo en la pieza relativa a la contratación del avión: el General de Brigada Francisco Sánchez Borrallo, representante español en la Investigación Internacional. Dijo que uno de los factores determinantes para el accidente fue la acumulación de horas por parte de la tripulación en el aeropuerto de Manás, al estar cerrado en unas horas determinadas y permanecer en el aeropuerto casi siete horas de espera. Afirmó que ello afectó a su ciclo biorrítmico. Adelantó que se investigaba el cambio de los mandos del avión en los momentos finales.
El 22 de noviembre de 2004, comenzaron las exhumaciones por toda España. La acusación pedía un día después nuevas diligencias, como la declaración como testigos de los forenses turcos y las autoridades judiciales turcas presentes en las identificaciones, los miembros de la funeraria española que trabajó en la repatriación, y otros militares que viajaron a Turquía.
El 14 de diciembre de 2004 se citó al segundo testigo en la parte relativa a la contratación, el Coronel Joaquín Yanes González, quien controlaba el contrato del Yak, junto a otro comandante, aunque solían delegar sus funciones, según reconoció, “para que hubiese las 24 horas del día un contacto disponible”. Durante sus dos horas de declaración admitió que se aceptó el Yakovlev, porque no había alternativa. Dijo que su función no era inspeccionar los aviones, y que se solían reunir periódicamente con la agencia intermediaria por la cual contrataban los aviones ex-soviéticos. El 11 de enero de 2005, los forenses de la Audiencia terminaban de identificar a los cuerpos. El informe reveló nuevas irregularidades, como que sólo se encontró una alianza en los ataúdes, cuando en el acta turca se reflejaban anillos, DNI, carteras... además Defensa aseguró que todos los objetos quedaron dentro de los ataúdes por orden del juez turco, por eso se pide investigar una posible destrucción de pruebas. También se deduce a partir del documento que un ataúd guardaba restos de tres militares en cinco bolsas distintas, así como que se confundió la identidad a un militar de traje verde del Ejército de Tierra con otro de traje azul del Ejército del Aire, se confundió a un militar de raza negra con uno blanco, se atribuyeron botas de distinto número a un mismo militar... todos estos evidentes signos externos denotan que realmente no se realizaron identificaciones, sino reparto proporcional.

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El 18 de enero de 2005, se produce la tercera oposición de la juez a seguir investigando el caso, después de los dos archivos. Los abogados habían pedido la declaración de ocho testigos y doce informes, también que declarasen el cónsul español en Turquía, el traductor del acta turca, así como los forenses y fiscales turcos que intervinieron en la identificación, además de los familiares que hablaron con el imputado Navarro, así como del ex-número tres de Defensa, Jiménez Ugarte. La juez rechazó todas las peticiones y los abogados de las familias presentaron un recurso de apelación. El 10 de marzo de 2005, revocando parte del archivo inicial, a la petición de testigos, la juez citó en la causa de las identificaciones al Teniente Coronel José Antonio del Valle Garrido, quien dijo que le enviaron para describir el siniestro, pero que no salió de la morgue, y no pudo ir al lugar del impacto, por lo que fue a Turquía “a no hacer nada” según declaró.
El 31 de marzo de 2005, Palacios revocó otra parte de su propio archivo, y aceptó que declarasen en la causa de las erróneas identificaciones como testigos dos enfermeros militares que acompañaron a los imputados. Estos dijeron que sólo llevaron “guantes y batas” para identificar a los fallecidos. Los dos capitanes ATS, Antonio González y Couceiro contradijeron a Navarro porque dijeron que “los turcos no pusieron pegas”. Además dijeron que en ningún momento vieron a Navarro anotar datos para las identificaciones, ni llevar desde España fotos de los fallecidos. En estos testimonios ni la juez, ni el fiscal Fernando Burgos hicieron ninguna pregunta.
El resto de los testigos solicitados los negó de nuevo, por lo que se recurrió a la Sala de lo Penal. El 19 de abril de 2005, la juez rechazaba por cuarta vez todas las diligencias solicitadas por la acusación en la contratación, como llamar a declarar al representante de España en NAMSA, el vocal español civil que participa en la investigación internacional, al General Ibarreta que firmó el contrato del Yak, o al capitán del Val que realizó un informe con numerosas incidencias en la última escala en Manas. El fiscal no opinó en estos meses de las diligencias, recurrieron nuevamente el rechazo ante la Sala de lo Penal.

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El 30 de mayo de 2005, el fiscal del caso solicitó nuevos informes como los registros de los cementerios donde estuvieron, erróneamente, los militares fallecidos para probar el delito de falsedad de documento público. También pidió que declarase el Capitán del Val, jefe del último lugar de donde despegó el avión, así como el Teniente Coronel Rafael Sánchez Gómez, en calidad de testigos. Ofreció la personación de la compañía propietaria del Yak-42, UM Air. También ofreció la misma posibilidad al Estado. El 6 de junio de 2005, la juez aceptó todas las peticiones del fiscal. El 22 de junio de 2005, declaró en la causa del siniestro el Comandante en excedencia Fernando del Val, como testigo del último vuelo del Yak-42, quien dijo que avisó antes de que llegase el avión, que el aeropuerto cerraba durante seis horas como era habitual. Esta desatención provocó un desfase de seis horas y media a todo el pasaje y la tripulación, que despegó mucho más fatigada. También dijo que vio a la tripulación en chanclas y bermudas, en un aspecto lamentable.
El 9 de julio de 2005, los abogados de las familias solicitaron que declarase en calidad de testigo el ex-ministro de Defensa Federico Trillo, y el ex Secretario General de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte. El 30 de septiembre de 2005, se filtra a la prensa que la juez y el fiscal rechazan estas declaraciones, pero no será hasta el 26 de abril de 2006, siete meses después, que la juez lo comunica a los abogados.
El 18 de enero de 2006, por tercera vez, la sección III de la Sala de lo Penal ordena a la juez que continúe investigando el caso, después de su archivo a la solicitud de los familiares el 22 de noviembre de 2004, la declaración como testigos de los forenses turcos y las autoridades judiciales turcas presentes en las identificaciones, etc. El auto acordaba la práctica de las diligencias solicitadas. Entre ellas se obliga a llamar declarar al cónsul general en Estambul en el momento del accidente, Ramiro Ezquerra, y al traductor que asistió a los generales imputados durante las erróneas identificaciones, Jean Pierre Jakubiak. Asimismo, se mostró a favor de solicitar informes al Instituto de Medicina Forense de Estambul y a los fiscales de Trebisonda, Turquía, que intervinieron en los hechos.
La juez tarda cuatro meses en acordar la primera diligencia, que aceptó la Sala de lo Penal. El 23 de mayo de 2006 cita en la causa de las identificaciones al Cónsul de España en Turquía, Ramiro Ezquerra, quien es el primer civil que declaró, después de que solicitase su comparecencia hacía 18 meses, en el sumario 295/2004.

lördag 15 augusti 2009

El juez archiva el caso del Yak-42 al no ver delito en la identificación de los cadáveres

Esto es solo una prueba de las muchas obstrucciones que han tenido que sufrir los familiares de las víctimas. Es para indignarse, que el Juez no vea indicios de delito. Cuanto trabajo ha costado para que el juez vea lo evidente. EN MI OPINIÓN ESTE JUEZ DEBERÍA SER QUERELLADO POR UN DELITO DE PREVARICACIÓN POR INTENTAR JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE EN SU RESOLUCIÓN:

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dado un carpetazo a la esperanza que tenían las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 de que la Justicia señalase culpables y depurase responsabilidades por el mayor drama vivido por las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. Grande-Marlaska archivó ayer la causa penal seguida en la Audiencia Nacional contra un general, un comandante y un capitán que en mayo de 2003, por orden del Ministerio de Defensa, se desplazaron a Trabzon (Turquía) para identificar y realizar las autopsias a las 62 víctimas que retornaban de una misión en Afganistán.

El juez entiende que su actuación «imprudente» provocó múltiples equivocaciones en las identificación de las víctimas y mucho dolor a sus familias, pero que no incurrieron en delito alguno, ni siquiera el de falsedad documental continuada del que les acusan la Fiscalía y los abogados de las familias. El Ministerio Público y las familias ya han anunciado que recurrirán la decisión.


Fuente:

LA VOZ DIGITAL

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